Los hechos ocurrieron esta mañana al exterior de la casa del presidente municipal Tomás Orea Albarrán, cuando el comunicador Ricardo Salazar daba a conocer detalles de la instalación de cableado de una empresa de televisión de paga en el municipio de Zacatelco

Personal de Desarrollo Económico y de Obras Públicas exigieron permisos para tender el cableado en la avenida Domingo Arenas de la Sección Primera, justo frente a la casa del munícipe. Minutos después a Salazar lo suben a una patrulla y esposan ante la impotencia del comunicador, quien perdió contacto al ser arrebatado su teléfono celular.

ABUSO DE AUTORIDAD
Los desmanes que se están presentando en Zacatelco, orquestados por el presidente municipal Tomás Orea Albarrán, han rebasado los límites de la tolerancia ciudadana.

El perredista ha abusado del poder y ha cometido múltiples irregularidades en el ejercicio del quehacer público, por su sombría actitud al comprar a medios de comunicación y no dejar abierta la pluralidad para que se conozca lo que acontece en Zacatelco.

Por medio de convenios, supuestamente publicitarios, obliga a la mayor parte de medios digitales a callar sobre la realidad que se está presentando en este municipio, donde no hay una transparencia en el manejo de los recursos públicos desde el primer día del ejercicio de la actual administración.

En el primer año de gobierno de Tomás Orea Albarrán su cuenta pública fue aprobada con salvedades al observarle diferentes irregularidades, principalmente en la obra pública, la que mayormente fue ejecutada con adjudicaciones directas y a la fecha se desconocen los montos exactos de lo que ejerció.
Alrededor de 30 millones de pesos le fueron observados y a la fecha se desconoce si el señor Orea Albarrán solventó estos fondos públicos.
En el segundo año su cuenta pública fue reprobada al no solventar recursos por más de 50 millones de pesos, los que a la fecha tampoco han sido solventados.


El atropello que hoy comete en contra de la prensa muestra un gobierno autoritario, plagado de actos ilícitos que el Congreso del Estado ha permitido y no ha sancionado de forma ejemplar.

La detención de Ricardo Salazar mientras ejercía su trabajo es un mal momento para el gremio periodístico no sólo tlaxcalteca sino nacional e internacional, por lo que hay que llegar a fondo sobre los actos del gobierno de Orea Albarrán y de su corporación policiaca, la que por cierto está envuelta en situaciones dudosas que la relacionan con los grupos delictivos que operan cotidianamente en el municipio.

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